RESPETAR LA JEP ES RESPETAR LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA #NadiePorEncimaDeLaJusticia

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Después de años de negociaciones entre Gobierno Nacional y las FARC-EP se llegó al Acuerdo Final para la Paz en 2016, este puso fin a un prolongado conflicto armado interno que dejó millones de víctimas y problemáticas que al día de hoy no se han resuelto. En virtud de este Acuerdo se crea un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-, está integrado por dos mecanismos extrajudiciales y por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, cuyo objetivo es satisfacer los derechos de las víctimas, garantizar su reconocimiento como ciudadanos con derechos, lograr la verdad plena de los ocurrido durante el conflicto, un máximo de justicia con penas alternativas y de rendición de cuentas.

Presentación del informe sobre la participación de los CTP para la formulación y seguimiento a los Planes de Desarrollo durante la pandemia

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Los Consejos Territoriales de Planeación CTP son instancias de participación ciudadana en la planeación económica y del modelo de ocupación del territorio, de corto, mediano y largo plazo, que poseen un estatus muy especial que los diferencia cualitativamente de cualquier otro espacio de participación ciudadana. Por este carácter, no son uno entre las decenas de espacios de participación ciudadana formales e informales creados por ley, normas o actos administrativos regionales y locales sino ser considerados independientemente por su naturaleza de mayor jerarquía que otros en la estructura del Estado.

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Observatorio Laboral en tiempos de Coronavirus Nº 18

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Consulte aquí el Boletín N°18 del Observatorio Laboral en tiempos de Coronavirus con análisis sobre la profundización de la crisis del empleo, las nefastas consecuencias del hundimiento del proyecto de Ley 322 de Senado y 050 de Cámara que permitía el traslado de millones de trabajadoras y trabajadores a Colpensiones, la protección judicial de los derechos de trabajadores de plataformas, entre otros temas.

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Neutralidad frente a la protesta

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Respeto y garantías para la minga  

Nadie por encima de la justicia

El pasado 22 de septiembre la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia protegió el derecho fundamental a la protesta, amenazado y vulnerado en el marco de las movilizaciones realizadas a partir del 21 de noviembre del 2019. Para garantizar dicha protección se emitieron distintas órdenes, una de estas se dirige a los miembros del Gobierno Nacional y consiste en mantener la neutralidad en el desarrollo de las manifestaciones no violentas, aún cuando los cuestionamientos se realizan frente a sus propias políticas. 

También se ordenó al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque, en un término no mayor a treinta días, expedir un acto administrativo por medio del cual se ordene mantener la neutralidad a todas y todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el orden nacional, que incluye cumplir permanentemente con la obligación de garantizar imparcialmente y facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales a la protesta pacífica, reunión y expresión. 

En abierto desacato, varios funcionarios del Gobierno Nacional y de otras instituciones estatales dejan claro que su postura frente a la protesta no es neutral. La Ministra del Interior, Alicia Arango, y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, han hecho referencia a supuestas infiltraciones en la Minga por parte de grupos armados al margen de la ley. Bajo este discurso, se pretende criminalizar la protesta y legitimar la respuesta violenta y represiva a los manifestantes. Es así como el Fiscal General anuncia desde ya judicializaciones por el supuesto terrorismo presente en las manifestaciones. 

También Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, ha deslegitimado la Minga, afirmando que el Gobierno ha cumplido con sus compromisos, por lo cual sugiere acudir a otros espacios como el Congreso, negando así la movilización social como escenario de debate político. 

Por su parte, Diego Molano, Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -Dapre- afirma que la movilización desarrollada por la Minga pone en riesgo la reactivación económica y llama a la Alcaldía distrital a hacer valer las normas de bioseguridad, con lo cual desconoce la expresa exigencia de las Naciones Unidas de no ligar esta enfermedad a ningún grupo social en particular, mucho menos a un grupo étnico en concreto, y de la CIDH a no restringir las garantías democráticas con la excusa de la pandemia.  

Todas estas declaraciones, ya características de este Gobierno y sus funcionarios, no sólo desconocen un fallo judicial sino la obligación que el Estado tiene de mantener una postura neutral para evitar la exclusión de diversos sectores que pretendan dar inicio o ser parte de un debate público. La neutralidad de los funcionarios frente a las razones de la protesta social es garantía de una sociedad plural y democrática. 

La Minga exige el respeto y la garantía del derecho a la vida, el reconocimiento de los pueblos indígenas y el cumplimiento de los puntos del Acuerdo Final para la Paz, entre otros múltiples incumplimientos por parte del Estado colombiano. El gobierno Duque debe atender estas demandas, y abrir espacios al diálogo y a concertación con la Minga y las demás expresiones del movimiento social.

La Minga es protesta social, resistencia, dignidad, pluralidad y derecho ancestral. Es parte de la vida en democracia, no representa criminalidad y mucho menos terrorismo. Los pueblos indígenas han sido víctimas del conflicto armado. Tanto frente a la Minga como frente a las movilizaciones de esta semana, el Gobierno Nacional y sus funcionarios tienen la obligación de frenar toda estigmatización y expedir el correspondiente acto administrativo que ordene la neutralidad a sus funcionarios en el término ordenado por la Corte Suprema de Justicia. 

La neutralidad es un presupuesto democrático mínimo para avanzar en la construcción de la paz en medio de un país marcado por décadas de conflicto armado interno y la doctrina del enemigo interno, en la que desde los diferentes Gobiernos se ha intentado asociar el ejercicio del Derecho fundamental a la protesta a la comisión de un delito o a la pertenencia a grupos insurgentes. Al respecto afirma la Corte en dicha sentencia que “Una Nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo – enemigo”. 

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